From: Carlos Sierra
Representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) denunciaron presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores tanto en el sector público como en el privado, y solicitaron una nueva ley del Trabajo que contemple la prisión para quienes incumplan la normativa laboral.
"Hay un sector que tiene un manejo capitalista y burgués en la relación con los trabajadores, que está en el Gobierno, y por supuesto, también en el sector privado", dijo la coordinadora de UNETE, Marcela Maspero.
Los trabajadores denunciaron presuntas irregularidades en empresas de Valencia, Guayana, Sucre y Carabobo. Maspero las atribuyó a una supuesta retaliación política hacia los trabajadores que apoyaron al presidente Chávez en el reciente proceso electoral. "Se están viviendo situaciones de violación flagrante a los derechos de los trabajadores, que nosotros estamos convencidos de que es parte del castigo a la clase trabajadora por apoyar contundentemente este proceso revolucionario en el referendo realizado el pasado 15 de febrero", dijo.
Explicó que en el Metro de Caracas se discutió una convención colectiva entre representantes de la empresa, trabajadores de base y representantes sindicales. Maspero denunció que, aunque el contrato fue homologado por el Ministerio del Trabajo y cumplió todos los requisitos legales, "desde el año pasado hay una indefinición del Gobierno venezolano. Queremos denunciar, en este caso, al Ministerio de Planificación y Desarrollo por sus malas políticas y las contrataciones colectivas en el sector público".
"Conocemos el informe y los lineamientos técnicos y financieros que dictó el Ministerio de Planificación para las contrataciones colectivas del sector público y esos lineamientos cercenan la libertad sindical de los trabajadores de la administración pública", destacó Maspero, al tiempo que señaló que la situación se repite entre los trabajadores del sector universitario que firmaron su contrato marco, los propios trabajadores del Teatro Teresa Carreño y los trabajadores de la administración pública.
Dijo que la situación afecta al Banco Industrial, al magisterio, al hotel Residencias Anauco Suites, al hotel del Lago y al hotel Alba Caracas. "Queremos definitivamente que el Ministerio de Planificación dé cumplimiento a los convenios internacionales y a la Constitución, que avalan la libertad sindical y la discusión de las contrataciones colectivas por parte de sus sindicatos y trabajadores de la administración pública", recalcó.
Indicó que solicitarán la inhabilitación como gerentes y funcionarios de confianza de los responsables. "El compadrazgo y el amiguismo van saltando de un ministerio a otro y siempre están en los mismos cargos para seguir obteniendo privilegios para esa casta burocrática que detiene el avance del socialismo y para perseguir y a atropellar a los excluidos", ratificó.
La líder de los trabajadores explicó que están dispuestos a ir a la Contraloría, la Procuraduría y hasta entregar un informe directamente al Presidente para denunciar las irregularidades. A su vez, pedirán la revisión y transformación del Código de Comercio y una redefinición de nuevas relaciones de producción en la Ley de Trabajo. "Que penalicen la acción de los patronos cuando sean desacatadas las providencias administrativas", finalizó.
"Hay un sector que tiene un manejo capitalista y burgués en la relación con los trabajadores, que está en el Gobierno, y por supuesto, también en el sector privado", dijo la coordinadora de UNETE, Marcela Maspero.
Los trabajadores denunciaron presuntas irregularidades en empresas de Valencia, Guayana, Sucre y Carabobo. Maspero las atribuyó a una supuesta retaliación política hacia los trabajadores que apoyaron al presidente Chávez en el reciente proceso electoral. "Se están viviendo situaciones de violación flagrante a los derechos de los trabajadores, que nosotros estamos convencidos de que es parte del castigo a la clase trabajadora por apoyar contundentemente este proceso revolucionario en el referendo realizado el pasado 15 de febrero", dijo.
Explicó que en el Metro de Caracas se discutió una convención colectiva entre representantes de la empresa, trabajadores de base y representantes sindicales. Maspero denunció que, aunque el contrato fue homologado por el Ministerio del Trabajo y cumplió todos los requisitos legales, "desde el año pasado hay una indefinición del Gobierno venezolano. Queremos denunciar, en este caso, al Ministerio de Planificación y Desarrollo por sus malas políticas y las contrataciones colectivas en el sector público".
"Conocemos el informe y los lineamientos técnicos y financieros que dictó el Ministerio de Planificación para las contrataciones colectivas del sector público y esos lineamientos cercenan la libertad sindical de los trabajadores de la administración pública", destacó Maspero, al tiempo que señaló que la situación se repite entre los trabajadores del sector universitario que firmaron su contrato marco, los propios trabajadores del Teatro Teresa Carreño y los trabajadores de la administración pública.
Dijo que la situación afecta al Banco Industrial, al magisterio, al hotel Residencias Anauco Suites, al hotel del Lago y al hotel Alba Caracas. "Queremos definitivamente que el Ministerio de Planificación dé cumplimiento a los convenios internacionales y a la Constitución, que avalan la libertad sindical y la discusión de las contrataciones colectivas por parte de sus sindicatos y trabajadores de la administración pública", recalcó.
Indicó que solicitarán la inhabilitación como gerentes y funcionarios de confianza de los responsables. "El compadrazgo y el amiguismo van saltando de un ministerio a otro y siempre están en los mismos cargos para seguir obteniendo privilegios para esa casta burocrática que detiene el avance del socialismo y para perseguir y a atropellar a los excluidos", ratificó.
La líder de los trabajadores explicó que están dispuestos a ir a la Contraloría, la Procuraduría y hasta entregar un informe directamente al Presidente para denunciar las irregularidades. A su vez, pedirán la revisión y transformación del Código de Comercio y una redefinición de nuevas relaciones de producción en la Ley de Trabajo. "Que penalicen la acción de los patronos cuando sean desacatadas las providencias administrativas", finalizó.
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