La Comisión de Desarrollo Social Integral, a través de la Subcomisión de Asuntos Laborales, que preside el diputado Francisco Alejandro Torrealba, presentará un conjunto de normas para resolver en el menor tiempo posible la problemática que actualmente confrontan los trabajadores de la vigilancia privada. Morelia Mata / Prensa AN
La Comisión de Desarrollo Social Integral, a través de la Subcomisión de Asuntos Laborales, que preside el diputado Francisco Alejandro Torrealba, presentará un conjunto de normas para resolver en el menor tiempo posible la problemática que actualmente confrontan los trabajadores de la vigilancia privada. Así lo dio a conocer el parlamentario tras una reunión realizada este martes con representantes de las empresas de vigilancia privada, sindicatos y trabajadores, donde se analizaron los principales problemas en el área laboral, especialmente los relativos al horario de trabajo. Denunciaron que los vigilantes son obligados a cumplir extensas jornadas de trabajo que se extienden a 72 horas semanales. Los sindicatos plantearon la necesidad de reducir la jornada laboral a ocho horas diarias. El diputado Torrealba informó que se evaluarán todos los escenarios posibles y se buscará establecer reglas claras, uniformes y universales. Enfatizó que cualquier solución, incluyendo la jornada laboral, será establecida con carácter obligatorio para todas las empresas. Agregó que al Parlamento le interesa proteger las empresas y conservar las fuentes de trabajo, además tiene presente la opinión de los usuarios de los servicios al tiempo que reconoció la existencia de empresas que no respetan las normas y el desorden en el sector. La voz de los vigilantes fue oída así como de los representantes de las empresas y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Por el ente ejecutivo intervino José Luís Barrera, quien se pronunció por un nuevo marco jurídico que tome en cuenta los derechos laborales de los trabajadores, el funcionamiento de las empresas y a los contratantes. Señaló que estas empresas deben prestar solo servicios de vigilancia privada y custodia y transporte de valores, porque actualmente muchas de ellas asumen competencias para la cual no han sido autorizados por el Estado, como escoltas, monitoreo y ventas de armas y vigilancia del tránsito. A su juicio, las empresas deben prestar solo servicio de vigilancia y reservarse el Estado la protección. No es partidario de otorgarles permisología para el manejo de armas de guerra, aspecto que coincidió con representantes de las empresas privadas de vigilancia que consideran que la dotación de armamento a los vigilantes privados incidiría en los índices de violencia y obligaría a las empresas a dotar a los vigilantes de chalecos antibalas y otros equipos de defensa, que encarecerían el servicio y pondrían en riesgo la vida de los trabajadores.
Finalmente, propuso la formación y adiestramiento de los vigilantes privados que los lleve a obtener el título de técnico superior en vigilancia.
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