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ASUNTOS LABORALES

domingo, 1 de marzo de 2009

Trabajadores del Metro de Caracas piden al Presidente intervenir en pago de contrato colectivo

01/03/09, 12:52 PM Caracas.- Trabajadores del Metro de Caracas a través de un comunicado solicitaron al presidente Hugo Chávez intervenir para que se les pague lo acordado en el contrato colectivo.

"El ministro Diosdado Cabello y Claudio Farías, no quiere pagar nuestro merecido contrato colectivo. El aumento que usted dio no nos ha tocado ninguno y no hemos recibido nada durante todo este tiempo. El último aumento fue el enero del 2006", reza el comunicado dado a conocer a través del canal de noticias Globovisión. 

"El Metro le ahorra a los venezolanos 483 millones de bolívares fuertes y los mueve de polo a polo de la ciudad para que el país sea más productivo. No entendemos como es que el ministro Cabello dice que el metro no produce. Desde un punto capitalista no produce, pero socialmente es la empresa que más le produce al país", dice el escrito.

En la carta, los trabajadores aseguran que un sueldo de un trabajador del metro es de BsF 1.200, en promedio. "En el año 1998, los trabajadores ganaban 55 unidades tributarias en promedio. Para este año estamos ganando 22 unidades tributarias. Es decir, que nuestro poder adquisitivo está desmejorando brutalmente en un 60%. En nuestro contrato colectivo lo único que pedimos es igualar y reestablecer nuestro salario justo. Nada más que eso.¿O es que no vale atender y mover a más de un millón de usuarios diarios y un promedio de 50 mil usuarios por estación?".

ta´ barato..........

ta´ barato..........

Durante muchos años los economistas venezolanos no se ocuparon de estudiar y analizar lo que ocurría con el tipo de cambio, tal vez en parte por la extraordinaria estabilidad que mantuvo la economía venezolana a lo largo de las décadas de los cincuenta, sesenta y mediados de los setenta, hasta que la política económica suicida aplicada por Carlos Andrés Pérez entre 1974 y 1978, abonó el camino para la crisis que se manifestó el viernes negro, el 18 de febrero de 1983.

Entre 1976 y 1982, los venezolanos vivimos una especie de vorágine consumista de bienes importados y al igual que ahora, la administración de Luis Herrera Campíns, que exacerbó la crisis heredada de Pérez, a comienzo de los años ochenta, pensó que comprando en el exterior bienes baratos acabaría con la inflación interna: Sucedió todo lo contrario: se destruyó el aparato productivo nacional y la inflación siguió latente.

COLAPSO INMINENTE

Mientras los venezolanos viajaban al exterior a comprar todo a raudales, en particular en Miami, una popular actriz de la época, Malula, en el programa Radio Rochela, que transmitía RCTV, daba cuenta del colapso que vendría.

Malula, como expresión del nuevorriquismo petrolero, se presentaba a las tiendas de Miami y preguntaba por los precios de los bienes y luego exclamaba: “ta’ barato, dame dos”.

Detrás de esa expresión se escondía lo que sucedería un par de años después, al cobrarnos la economía con intereses moratorios los desarreglos cometidos durante el boom petrolero de los años setenta. Lo que Malula quería decir era que el bolívar estaba fuertemente sobrevaluado y ello significaba que el bolívar tenía más poder de compra en el exterior que en Venezuela, en otras palabras, que todo lo importado era barato y lo producido en Venezuela muy caro. Por tanto, era preferible adquirir todo en el exterior.

Para ese tiempo muchos venezolanos hacían su mercado en Cúcuta o Miami. Cuando esa situación no se pudo sostener, el estremezón se reflejó en una devaluación de bolívar y el establecimiento del control de cambios.

De allí para acá no hemos visto luz y no la vamos a ver hasta que sinceremos la situación y admitamos que no podemos ni debemos mantener una política cambiaria que crea todos los incentivos para importar y castiga como un delito las exportaciones, la fuente de crecimiento para muchos países.

LA DEVALUACIÓN

Lo que ocurre actualmente con la moneda nacional hace prever que se acerca una devaluación del bolívar, inevitablemente. En Venezuela existen dos productos baratos, dos únicamente: la gasolina y el dólar. Desde enero de 2005, el gobierno del presidente Chávez optó, al igual que Luis Herrera Campíns, por fijar el precio del dólar, a una tasa de BsF. 2,15, bajo la creencia de que con esa acción se combate la inflación.

Entre tanto, la inflación no baja sino que más bien sube y los productos fabricados en Venezuela se hacen cada día más caros mientras que los importados se abaratan. En estas condiciones y con el precio del dólar sin modificaciones desde 2005, la divisa estadounidense se nos muestra como un bien asequible.

En el fondo la causa del problema de la pérdida de competitividad de los productos nacionales frente a los importados se hace evidente en el cuadro anexo, donde se puede apreciar que las tasas de inflación de Venezuela son sustancialmente mayores que la de sus principales socios comerciales. De esta manera, Venezuela se convierte en un paraíso para los importadores y en una calamidad para quienes producen bienes que tienen que competir con las importaciones.

LOS DÓLARES

Ello explica el auge sin precedentes de las compras externas y el apetito insaciable de los venezolanos por mantener dólares o euros, porque todos ya hemos aprendido la dura y traumática lección de que después de un auge petrolero viene una crisis y que la moneda nacional se devaluará.

El actual sistema de control de cambio incentiva las transacciones en divisas al hacer de la adquisición de dólares baratos, a la tasa de cambio oficial, el mejor negocio en Venezuela tanto para importar como para viajar al exterior, de otra forma no se explicaría el exceso de demanda por esos dólares no obstante las nuevas restricciones y regulaciones que establece Cadivi.

Todo confluye hacia el hecho de que durante 2009 la fiesta va a empezar a acabarse y que el bolívar va a tener que experimentar una devaluación, más intensa en la medida en que continúe la actual fijación del tipo de cambio. Aunque lo niegue el gobierno mil veces habrá devaluación.

prohibido olvidar

El Caracazo
Ignacio Betancourt
El Nacional, domingo 21 de febrero de 1999, p. H-1
El 27-F llegué a Miraflores a las 9:00 de la mañana y en la avenida Bolívar comenzaba el colapso. Cuando subí al despacho del number one (Carlos Andrés Pérez), llegó una secretaria, Gladys Vásquez, neurótica por la cola. «Me tuve que venir caminando, pues los motorizados tienen eso trancado. Voy a llamar ya al gobernador de Caracas».
El teléfono estuvo sonando todo el día, desde todas partes. Muchas llamadas eran para solicitar audiencias, otras para saber si ya se había recibido tal o cual correspondencia, que «cuándo me van a responder». Recuerdo la llamada de Miguel Rodríguez en la tarde, desde Washington, donde se encontraba firmando la carta de intención con el FMI, acompañado por Pedro Tinoco y Eglé Iturbe de Blanco —ministra de Hacienda que no tomaba parte en las conversaciones, pues no habla inglés. A pesar de la información que nos llegaba del ministro, el titular de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, no daba crédito a las versiones —ya en extremo delicadas— sobre lo que pasaba en Caracas. La avenida Francisco de Miranda, en la parte que llega a la redoma de Petare, ya estaba destrozada al mediodía. El Presidente no lo creía. Al final de la tarde nos preparamos para salir al interior. CAP aprueba confiado su agenda del 28 y le ordena a Izaguirre hablar por televisión al país. Viaja a Barquisimeto acompañado por los ministros Reinaldo Figueredo, Moisés Naím y Carlos Blanco.
El jefe de la Casa Militar, general Oscar González Beltrán, nos dice a mí y al ministro Naím que bajemos en nuestros carros, pues el Presidente lo hará en el suyo. No es conveniente usar el helicóptero presidencial, pues ya se encontraban francotiradores disparando como gatillos alegres desde los edificios del 23 de Enero. Nos vamos por la avenida Sucre, porque Catia es un desastre. Todo el mundo iba caminando, ya el Metro había cerrado sus puertas y el transporte público estaba paralizado. Todavía no se veían vitrinas rotas ni bandas saqueando.
Aviones y helicópteros En la rampa cuatro esperaba el avión presidencial. Era la primera vez que subía en el triple cero uno. Un Boeing 737, cómodo para vuelos cortos, pero muy deteriorado. El coronel Paredes, quien era el segundo al mando en la Casa Militar, dijo que Lusinchi lo usaba poco, que a Blanca le gustaba viajar en los Gruman. Por ello el descuido. «En los próximos días lo enviaremos a EE.UU. para hacerle servicio y de paso aprovechamos para renovar la cabina». También instrumentó un cambio para devolverle a la nave presidencial la jerarquía que se merecía, mejorando su mantenimiento sustancialmente e intercambiando con Viasa personal de cabina, pues eran suboficiales de la fuerza aérea quienes atendía las naves presidenciales. A las 7:00 pm, cuando llegó el number one, le pregunta a sus ministros qué información tenían sobre lo del día y Naím todavía no lograba hablar bien. Carlos Blanco sí le hizo un análisis acertado. Le preguntó por el ministro de la Defensa y CAP le dijo que había salido de Caracas, que a esa hora debía regresar. «Yo he hablado con Izaguirre y el gobernador de Caracas». El vuelo despega, CAP se encerró en su cabina a revisar papeles. Los ministros paladean un «vasodilatador».
Aterrizamos en Barquisimeto y el gobernador, Mariano Navarro, acompañó al Presidente al lugar donde se celebraría la reunión. En la suite del hotel le dijeron al Presidente que observara la pantalla de TV: las imágenes eran fuertes. «Eso fue al mediodía», dijo el number one. «Okey, pero hablen con Izaguirre de todas maneras, llámenmelo», añadió. Antes de bajar al salón de convenciones del hotel Hilton, CAP habló dos o tres veces; en tono terminante dijo: «A esta hora ya todo se ha calmado». En su discurso le dice a los miembros de la Asociación de Ejecutivos de Venezuela que «no hay que alarmarse por la situación. Vamos a aprovechar la crisis para generar bienestar».
La ruta para llegar hasta el aeropuerto fue la más larga que podíamos usar. La caravana presidencial se vio obligada a dar una tremenda vuelta, evadiendo el centro de Barquisimeto. En esa ciudad la situación también había sido dura durante el día. González Beltrán, quien era un oficial de altísima calificación y un hombre responsable, estaba sumamente cauteloso. De hecho, cuando llegamos a Maiquetía no quería que Número uno se bajara del triple cero uno. «¿Qué pasa?», le preguntó Pérez. «Estamos esperando información, señor Presidente, para ver si subimos por tierra o en helicóptero hasta La Carlota», respondió el oficial. «A esta hora ya la gente se tranquiliza», dijo CAP, pero no le abren la puerta del avión y reclama: «Bueno, bueno, yo me voy en mi carro, baje la escalera que voy a salir».
Como yo no tenía carro, le pedí la cola hasta Miraflores al comandante Ramón Rivero, jefe de la Escolta Civil, un extraordinario policía, valiente, profesional, muy serio, quien me preguntó: «¿Tú le echas pichón a meterte por la avenida Sucre, para ver si es verdad lo que dicen los militares?». «Vamos, Ramón, ¿quién dijo miedo?», respondí. En eso subió al carro, sin pedir permiso, el comisionado para la Concertación, Luis Alfredo Freites, quien también venía en el vuelo. Subimos por una solitaria autopista. Cuando entramos en Catia ya estaban las patotas de malandritos —como de 12 años, promedio— cayéndole a patá limpia a las santamarías de los locales comerciales.
Visión horrorosa
Toda la avenida Sucre, que en las mañanas es fea y en las noches espantosa, presentaba un aspecto aún más desfigurado. Parecía que Atila con sus bárbaros hubiese pasado antes que nosotros. Cerca de la esquina del 23 de Enero, dos carros quemados bloqueaban el tránsito; tres encapuchados impedían el libre acceso de vehículos por la zona, valiéndose de una escopeta recortada, armas cortas y cinco o seis cauchos quemados. El chofer preguntó: «¿Qué hago, comisario?». «Tírales el carro», respondió el policía. Entonces embistió, decidido, contra el encapuchado de la escopeta, quien nos apuntó directo al parabrisa. Yo iba en el asiento de atrás, en todo el centro. La escopeta la vi en mi frente: «Ahora vienen los perdigones», pensé. Ramón estaba armado con una Beretta 9 milímetros, la cargaba montada sobre el retrovisor derecho. No hubo fuego. El encapuchado brincó cuando el carro amenazó con atropellarlo. Mi amigo permaneció flemático.
—¿Te puedo hacer una pregunta, hermano? -le dije a Rivero cuando ya habíamos entrado en Palacio.
—Con toda confianza -respondió.
—¿Por qué no le disparaste a ese tipo? Ha podido matar a cualquiera de nosotros.
—Porque el amigo tuyo, ése que se monto sin pedirme permiso, hubiera estallado en sollozos, por los derechos humanos de esos bandidos. Esto es muy serio, Ignacio, no debemos perder tiempo, hay que actuar sin contemplaciones. Vamos a hablar con el Number one.
Me respondió el edecán de guardia, quien venía con el Number one en la limosina presidencial. «Nos salimos por la avenida San Martín y luego subimos hasta aquí por la Baralt», explicó un escolta, ante la pregunta de Rivero, quien quiso saber por qué habían tardado tanto en llegar a Palacio.
—Presidente, usted tenía razón, la cosa es delicada —se escuchó desde el otro lado de la línea. CAP estaba conversando con Italo del Valle Alliegro, ministro de la Defensa, a quien había llamado desesperado cuando entró a su despacho.
El Presidente, después de hablar con Alliegro, llamó a Gonzalo Barrios. CAP contó por la línea lo que sucedía: «Es horroroso lo que vi en los sitios en los que me metí cuando venía para Miraflores». Le dijo a Barrios que había ordenado movilizar tropas del Ejército desde el interior, como fuera, pues Caracas no contaba con los efectivos suficientes. El contingente no se había renovado enteramente en enero, como siempre se hace, por las elecciones de diciembre. Barrios acotó: «Cuando el ejército sale a la calle, es para matar gente», eso detuvo un poco el ímpetu azaroso de CAP.
—De todas maneras, transporten efectivos del interior, a como dé lugar —le reiteró a Alliegro en otra llamada interministerial. En ese momento abandoné el despacho presidencial y me ubiqué en el área de la Secretaría Privada. No recuerdo que CAP hablara ni con Izaguirre ni con los gobernadores de Caracas o Miranda. Tampoco que éstos lo hubiesen llamado mientras permanecí atendiendo sus teléfonos. Era más de la 1:00 de la madrugada del 28, cuando el Presidente subió para su cuarto: «Voy a intentar descansar algo», dijo. «No, no tengo nada de hambre», le respondió al mesonero cuando le preguntó si deseaba cenar. «Tráigame una manzanilla y me despiertan por cualquier llamada o cosa importante que suceda».
La cosa está fea
El teléfono repicaba y repicaba. Algo nunca visto a esa hora. La gente llamaba para saber qué hacer. Desde Coche, El Valle, Caricuao, La Vega y de otras parroquias caraqueñas entraban mensajes telefónicos en los que cundía la angustia, el desasosiego. «Hijo, haga algo, dígale a Carlos Andrés que me están destruyendo la casita y me están robando los perolitos», me rogaba una compañera desde Antímano. Aún hoy, cuando esto escribo, siento intactos —e impotente— sus desgarros. Era cierto, incluso durante toda la madrugada hubo saqueos en las inmediaciones de Miraflores. Frente al Liceo Fermín Toro, las hordas tenían una especie de depósito a donde llegaban con las mercancías que lograban robar por la zona. Los soldados de la Guardia de Honor permanecían inmóviles, custodiando el Palacio, atentos, esperando instrucciones sobre cómo actuar. Estuve como hasta las 4:00 entre el estacionamiento y el despacho de Number one; el acceso para el helipuerto era restringido. Desde el 23 de Enero, los «gatillos alegres» proseguían incesantes la descarga. A pesar de la hora se mantenían las llamadas desde diferentes zonas de la capital. Me fui a descansar a Sabana Grande. Dejé el paltó y la corbata para caminar con comodidad. Al pasar por el liceo, uno de los malandros que estaba frente a su guarida, medio drogado o medio borracho, sin dirección en la vista, preguntó si yo no iba a «saquiá también». «No, brother, voy pa'otro lao», respondí para seguir raudo en busca de un taxi.
Unas horas después, a las 7:00 de la mañana, salí para Palacio en metro, mi carro me lo habían robado en los días previos a la toma de posesión. Subí caminando hacía la Urdaneta. Entre La Francia y la esquina de Jesuitas, unos guardias nacionales venían persiguiendo a un maleante que había pretendido destruir la vitrina de una joyería. Seguí caminando y llegué a Miraflores a las 9:00 am. «La cosa está fea», me dijo un dirigente sindical de AD, Federico Ramírez León, quien ya había sido autorizado para una ayuda mensual por 100.000 bolívares de la partida secreta. El no sabía que yo lo sabía, y a lo mejor era verdad que andaba informándose y no cobrando su cosita, que para esa época eran más de 2.000 dólares. Cuando entré al despacho, ya CAP estaba reunido con varios colaboradores. A las 11:00 era la reunión del Consejo de Ministros, para redactar un decreto de suspensión de garantías.
Después de la reunión ministerial se produce una cadena de conversaciones con distintos sectores del país, para explicarles a cada uno de ellos las medidas que se iban adoptar. ¡Pero nada se hacía!
Toda la élite del país se reunió en Miraflores y entendió que debía apoyar el sistema. Por eso creo que no cayó el gobierno, en ese momento. Lo contrario no lo hubiera soportado nadie. La poblada aflojó la reticencia de las cúpulas para materializar acuerdos. Por ejemplo, fue en el comedor de los ministros —no almorzando precisamente— y cerca de las 3:00 de la tarde, donde Hugo Fonseca Viso y Antonio Ríos se pusieron de acuerdo, súbitamente, en algo que los había mantenido enfrentados todo el mes: el nuevo salario mínimo. Cuando regresé a Palacio, CAP todavía le estaba contando a un grupo —recuerdo que estaban Teodoro Petkoff, Andrés Velásquez y Vladimir Gessen— cuáles serían las garantías que se suspenderían. Petkoff decía que el MAS «no apoyaría el acuerdo de suspender garantías, si el Gobierno no aplazaba su paquete fondomonetarista». «Esto se está alargando más de lo debido», le dije al ministro Reinaldo Figueredo. Le conté la angustia, el desasosiego que vi. «Es verdad, pero ésta es la última reunión», respondió Figueredo. Dicho y hecho, terminada la conversa, number one salió de allí ¡por fin! para hablarle a Venezuela desde el Salón Ayacucho.
Imagen televisiva
Después de la cadena de televisión, en la que CAP anunció la suspensión de garantías, nadie podía salir, pues ya el toque de queda había comenzado y nadie tenía salvoconducto. Se tuvo que autorizar al jefe de la Casa Militar para que firmara el de las personalidaes y el de los empleados que todavía estábamos en Palacio. Number one se fue a su despacho; pidió que hicieran pasar a Ramón J. Velázquez, quien se encontraba en el salón. Quería saber lo que Velásquez pensaba acerca de todo lo sucedido. Me quedé en el salón Ayacucho, donde Izaguirre iba a leer el decreto de suspensión de garantías. «Es mejor grabar eso», le sugirieron a Pastor Heydra, quien dijo: «¡No! Hay que salir al aire de una vez. La gente está deseosa de saber algo».
Lo mismo que sintió el ministro del Interior cuando comenzó a hablar, creo que lo sentí yo: un cavernoso vértigo. El ministro de la Defensa escarmentó en cabeza ajena y ordenó: «A mí me graban». Se intentó cuatro veces y a la quinta resultó. El uso de la tecnología lo convirtió en héroe nacional. «Ese hombre salvó al Gobierno», decían unos. «Tiene carisma», exclamaban las mujeres. «¿Que le pasó al ministro Izaguirre? «, preguntó Pérez. «Se le bajó el azúcar», fue la respuesta del doctor Téllez. En la calle se especulaba que «embarró los pantalones». «No, eso fue que no lo dejaron hablar los militares», exponían otros. La industria del rumor regresaba después de muchos años en recesión. Así son las cosas.
A las 8:00 pm se marchó la última de las personalidades que quedaban en el despacho. Number one invitó a cenar a Claudio Fermín y a Héctor Alonso López en su suite. Afuera, los disparos todavía se escuchaban desde el 23 de Enero. También el paso de helicópteros del Ejército, que transportaban tropas desde diversos puntos del interior. Llegaron, entre esa noche y la mañana siguiente, más de 8.000 refuerzos para frenar el vandalismo.
Subí a despedirme de Number one, la cena estaba terminando. En eso escuche a Héctor Alonso decirle al Presidente una cosa que después él repetiría, provocando la reacción de empresarios y de gente adinerada: «Esto fue una reacción de los pobres contra los ricos». Minutos antes, uno de los edecanes de CAP, el capitán Julio Peña, embutido en traje de campaña y con un FAL en sus manos, afirmó: «A partir de este momento se sabrá si todo esto fue dirigido. Si se producen saboteos de cualquier tipo, es porque hay alguien detrás de todo esto». Esa era la gran pregunta que se formulaban todos los miembros de la élite venezolana, reunidos en Palacio esa tarde. Ninguno fue capaz de reconocer que ellos mismos eran culpables, por su egoísmo, por sus corruptelas, por su autismo de tantos años. Claudio se levantó de la mesa y todos lo siguieron. Aproveché para irme con él. Estaba agobiado de tanta vaina. Sentado en el interior de su carro, un Conquistador blanco, me impresionó el control parsimonioso que usaba para dar instrucciones a su chofer sobre cómo conducir: «Despacio», le decía con los letargos que le imprime a su timbre de voz, «encienda las intermitentes; encienda, además, las luces interiores, para que podamos ser vistos desde afuera», y agregó: «Enseñe este papel cada vez que lo detengan». Los salvoconductos. Nos pararon en tres oportunidades. Todas fueron como orquestadas. La actitud violenta, represiva, la compartía la soldadesca en esas alcabalas improvisadas.

Ignacio Betancourt, El Caracazo

¿A 20 años del Caracazo: Cuatro millones de balas se dispararon contra un pueblo desarmado?
El aumento del precio de la gasolina se estableció el domingo 26 de febrero. Ante esto, los transportistas le exigieron al gobierno incrementar el costo del pasaje. Y así se dio: se les concedió un 30%, pero al siguiente día los usuarios se encontraron con un incremento de hasta un 80%. El 30% del aumento salarial decretado por CAP aún no se había concretado para los empleados públicos, y Fedecámaras sólo querían negociar 6% del aumento en el sector privado. Ese lunes se generaron las primeras protestas, que se acentuaron en la ciudad capital, y que se conocieron posteriormente como “El Caracazo”. El diario El Nacional describió lo que sucedió el 27 de febrero en una fotoleyenda de la siguiente manera: “Una ola de violencia y agitación sacudió ayer el país, en protesta por el alza de las tarifas de pasajes, gasolina y alimentos”. Todo empezó en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial. Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la Avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la Avenida Bolívar, narró en un artículo Fabricio Ojeda, periodista de El Nacional, el 28 de febrero de 1989. A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y supermercados. La situación se agudizó con la quema de autobuses y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de reprimir. El periodista de El Nacional Humberto Álvarez describió la situación de la siguiente manera: “En una acción de protesta por el alza inusitada del pasaje, el pueblo de Guarenas se lanzó ayer a la calle, saqueó y quemó más de 100 comercios, incendió 10 vehículos causando pérdidas millonarias, a la vez que colocó barricadas y mantuvo durante 7 horas incomunicada a Caracas con el oriente del país”. El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales. Los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos días. En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e insoportable de degradación de sus niveles de vida”. En el editorial del semanario se agregó: “No pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático, para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas enteras”. Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989 también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”. CAP refirió que el estallido social se debió a una guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños les hacían teteros con agua de espaguetis. El editorial de la revista SIC continúa así: “Los de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de aquel gobierno. La arremetida vino por la acción combinada de la policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho, todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic. Las víctimas de un brutal genocidio Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fos
hace 2 días
- 2 días para responder.
Detalles adicionales
desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 20 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.

Ignacio Betancourt, El Caracazo

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El aumento del precio de la gasolina se estableció el domingo 26 de febrero. Ante esto, los transportistas le exigieron al gobierno incrementar el costo del pasaje. Y así se dio: se les concedió un 30%, pero al siguiente día los usuarios se encontraron con un incremento de hasta un 80%. El 30% del aumento salarial decretado por CAP aún no se había concretado para los empleados públicos, y Fedecámaras sólo querían negociar 6% del aumento en el sector privado. Ese lunes se generaron las primeras protestas, que se acentuaron en la ciudad capital, y que se conocieron posteriormente como “El Caracazo”. El diario El Nacional describió lo que sucedió el 27 de febrero en una fotoleyenda de la siguiente manera: “Una ola de violencia y agitación sacudió ayer el país, en protesta por el alza de las tarifas de pasajes, gasolina y alimentos”. Todo empezó en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial. Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la Avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la Avenida Bolívar, narró en un artículo Fabricio Ojeda, periodista de El Nacional, el 28 de febrero de 1989. A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y supermercados. La situación se agudizó con la quema de autobuses y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de reprimir. El periodista de El Nacional Humberto Álvarez describió la situación de la siguiente manera: “En una acción de protesta por el alza inusitada del pasaje, el pueblo de Guarenas se lanzó ayer a la calle, saqueó y quemó más de 100 comercios, incendió 10 vehículos causando pérdidas millonarias, a la vez que colocó barricadas y mantuvo durante 7 horas incomunicada a Caracas con el oriente del país”. El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales. Los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos días. En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e insoportable de degradación de sus niveles de vida”. En el editorial del semanario se agregó: “No pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático, para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas enteras”. Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989 también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”. CAP refirió que el estallido social se debió a una guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños les hacían teteros con agua de espaguetis. El editorial de la revista SIC continúa así: “Los de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de aquel gobierno. La arremetida vino por la acción combinada de la policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho, todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic. Las víctimas de un brutal genocidio Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fos
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desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 20 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.
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